VI Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España «El Coste de las Catástrofes»

El sexto Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España, titulado «El Coste de las Catástrofes», se celebró bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey Felipe VI el pasado 25 de noviembre en la Escuela Nacional de Protección Civil en Madrid. En él se presentó el informe sobre el coste de las catástrofes en España (2016-2020) y las consecuencias del temporal Filomena dentro de la pandemia, elaborado por la Fundación Aon España en colaboración con Protección Civil, liderado por Aon Reinsurance Solutions y con la participación de UNESPA, el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, ICEA, Cruz Roja Española, la UME, la Fundación ONCE e investigadores de la Cátedra de Catástrofes de la Fundación Aon.

Asimismo, el Observatorio anunció la creación del Barómetro Anual de las Catástrofes, un estudio original e innovador que será elaborado en el seno del propio Observatorio y que contendrá registros estadísticos de los desastres ocurridos en España en el año anterior. 

En el Simposium, en el que intervinieron representantes de Protección Civil, Aon Reinsurance Solutions, el Ayuntamiento de Madrid, Consorcio de Compensación de Seguros, Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja Española, Instituto Geográfico Nacional, así como investigadores de nuestra Cátedra de Catástrofes, se hizo una aproximación a los desastres naturales ocurridos en 2021 como las danas, terremotos, incendios forestales o la erupción volcánica en La Palma.

El director general de Protección Civil, Leonardo Marcos, dio la bienvenida a los asistentes; Pedro Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España, presentó los objetivos del Simposium y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren, lo clausuró.

Juan Antonio Sánchez Utrilla, director de Data Analytics de Aon Reinsurance Seguros, presentó el informe sobre el coste de las catástrofes naturales en España (2016-2020), que fue de 12.067 millones de euros, lo que supone un coste promedio anual de 2.413 millones de euros.

El año con mayor impacto económico fue 2019, con 3.120 millones de euros de coste, seguido de 2020 con 2.616 millones de euros, 2018 con 2.438 millones de euros, 2017 con 2.284 millones de euros y 2016 con 1.610 millones de euros.

El presidente del Observatorio, Pedro Tomey, expresó que «es la primera vez que se realiza en España un estudio de estas características, en el que hemos analizado las catástrofes más significativas ocurridas entre 2016 y 2020».

El cálculo de costes incluye la repercusión en las partidas presupuestarias, subvenciones y ayudas, el impacto en las economías domésticas y en el sector agrícola.

Por sectores, el sector agrícola fue el más afectado, con un 35 % de las pérdidas. En segundo lugar se situaron las economías domésticas, con un 31,6 % del coste total. Las partidas presupuestarias de Protección Civil, UME y Cruz Roja, sumadas a las subvenciones de ayuda de Protección Civil, supusieron un 4,13 % del total.

El coste asegurado de las catástrofes analizadas entre 2016 y 2020 fue de 6.290 millones de euros, el 41,3 % del coste total estimado, con un promedio de 1.258 millones de euros por año. La protección ofrecida al sector agrario supuso un 38,38 % del total y para el resto de los sectores la cobertura fue del 20 %.

El coste no asegurado alcanzó los 5.274 millones de euros, lo que supone que la brecha de protección -daños asegurados frente a los no asegurados- ha sido del 45,6 % del promedio en el periodo analizado.

Las subvenciones y ayudas de Protección Civil entre 2016 y 2020 fueron de 32 millones de euros, con un coste medio anual de 6,56 millones de euros. Asimismo, las partidas presupuestarias de Protección Civil, UME y Cruz Roja se situaron en 438 millones de euros con un promedio de 87,8 millones de euros al año.

El informe también dedica un capítulo especial al impacto económico del temporal Filomena en enero de 2021. Su coste económico fue de 1.157 millones de euros, de los que 505 millones estaban asegurados y el resto sin asegurar.

El ranking de los desastres con mayor coste económico lo encabeza la DANA de septiembre de 2019 en Alicante y Murcia, con 1.319 millones de euros de impacto, seguida del temporal de enero de 2020 en toda la península, con un coste de 843 millones de euros. El tercero fueron las inundaciones y temporales de diciembre de 2016 del sureste de España, con un coste de 272,72 millones de euros.

Los diez mayores desastres acumulan 3.540 millones de euros de daños y pérdidas, lo que representa un 30,5 % del coste económico total estimado. 

Por su parte, José Antonio Martínez Páramo, coordinador general de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid, comentó durante el Simposium que durante las 30 horas seguidas en las que nevó cayeron 1,25 millones de toneladas de nieve. «Se acumularon en las calles además 9.000 toneladas de residuos que no pudieron ser recogidos por los camiones de limpieza, pues la ciudad quedó paralizada. El metro fue el único transporte que pudimos usar, y fue una válvula de escape», señaló.

De los cinco millones de árboles que hay en Madrid, 1,7 millones dependen del Ayuntamiento para su mantenimiento y de ellos, 800.000 se vieron afectados por Filomena. 80.000 de forma irrecuperable, pues hubo que talarlos. Solo en la gestión de los árboles dañados, el Ayuntamiento gastó 46 millones en la gestión, 30 de ellos en la Casa de Campo.

Pedro Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes, anunció la creación de un Barómetro Anual de Catástrofes en España, cuyo objetivo será cuantificar los impactos de los desastres, obtener y sistematizar criterios para prevenir, dar adecuadas respuestas y mitigar los daños.

El nuevo Barómetro realizará un inventario de catástrofes y elaborará índices sobre el impacto socio-económico de los desastres, su repercusión en las infraestructuras críticas, los daños personales y materiales que provocan, la resiliencia y su efecto sobre los colectivos más vulnerables. Según Tomey, «este Barómetro será el primero en su modalidad en España y permitirá cubrir el vacío estadístico y analítico que existe en España en el ámbito del estudio de las catástrofes y, con ello, ofrecer a la sociedad nuevas herramientas para defenderse de los sucesos catastróficos y mitigar su impacto. Gracias al nuevo Barómetro, podremos establecer una clasificación de las catástrofes en función de su severidad y diseñar un mapa completo con los focos de localización más críticos».

El nuevo Barómetro contará con un Comité Científico cuya misión consistirá en nominar las catástrofes de acuerdo a los parámetros que el propio Comité fije, elaborar los cuestionarios y mantener las entrevistas con los interlocutores preguntados, seleccionar y analizar la información obtenida de las fuentes designadas en cada evento catastrófico, hacer seguimiento de los índices de medición con las instituciones y organismos participantes, supervisar el trabajo de investigadores y consultores y validar las conclusiones y, en su caso, participar en la presentación pública del Barómetro.

Formarán parte del Comité Científico representantes de la Fundación Aon España, Aon Reinsurance Solutions, Analistas Financieros Internacionales (Afi), Agroseguro, Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), Instituto de la Ingeniería de España y Cátedra de Catástrofes (Universidad Pontificia Comillas y Tecnun-Universidad de Navarra). Asimismo, habrá un Comité Consultivo formado por los First Responders miembros del Observatorio de Catástrofes: Protección Civil, Cruz Roja Española (CRE) y Unidad Militar de Emergencias (UME).

• Cuando así lo establezca la póliza, se indemnizará el valor de reposición, sin considerar si el asegurado podrá o no reconstruir el inmueble.
• Con carácter general, en inmuebles destruidos se asumirá la indemnización íntegra del contenido, aun cuando sea posible que el asegurado haya tenido oportunidad de retirar algunos enseres.
• En los inmuebles destruidos, el CCS solicitará de oficio notas simples al Registro de la Propiedad para acreditar la titularidad del inmueble.
• Se solicitará de las entidades aseguradoras y de los mediadores de seguros la documentación para agilizar los pagos.
• Para el cómputo de los 7 días de carencia legal a contar desde la fecha de emisión de la póliza de seguro se considerará como fecha del siniestro no la de inicio de la erupción volcánica (19 de septiembre), sino aquella en la que se produzca el daño a cada bien asegurado que resulte afectado.
• Margen de tolerancia del 20 % en los casos de posible sobreseguro en viviendas destruidas.

Francisco Ruiz Boada, subdirector general de Prevención, Planificación y Emergencias de Protección Civil, informó de que «el sistema de gestión de sucesos catastróficos ha contabilizado 4.253 casos durante el tiempo transcurrido de 2021, frente a los 849 sucesos de 2020 y a los 1.012 de 2019, lo que quiere decir que la curva de crecimiento se está acelerando». Los mayores riesgos en 2021 se han concentrado en actividad sísmica, con 494 casos, y en incendios forestales, con 579 casos. Ruiz Boada destacó que el Sistema Nacional de Protección Civil «es consciente de la necesidad de estar preparados ante las emergencias evolutivas y transversales» y destacó que en caso de catástrofe «las competencias son concurrentes entre el Estado y las comunidades autónomas y no divergentes». 

También resaltó la necesidad de incrementar las políticas de autoprotección e información a la población, con el desarrollo del Mecanismo Nacional de Respuesta y de las Redes Nacionales de Prevención.

Íñigo Vila, director de Emergencias de CRE, señaló desde la isla de La Palma que los trabajos están desarrollándose con un alto grado de profesionalidad y que «fenómenos como el del volcán Cumbre Vieja deberían mentalizarnos de que la protección civil comienza por uno mismo».

El teniente coronel Jorge Serra Llopart, de la UME, destacó que en la operación volcánica de La Palma han intervenido 239 efectivos militares, 75 vehículos y 4 drones. La misión de la Unidad ha consistido en tareas de apoyo y coordinación con la dirección de la emergencia, vuelos de reconocimiento, vigilancia de la progresión de la colada, mediciones de calidad del aire y toma de muestras y apoyo a la evacuación de ciudadanos y retirada de enseres y de ceniza.

Carmen López Moreno, directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional (IGN), habló de la gestión de la emergencia volcánica: «Hemos tenido 13 erupciones en los últimos 500 años y La Palma era la isla con más probabilidad de albergar una erupción», señaló. «El problema no ha sido su explosividad o su tamaño, no ha sido una gran erupción, el problema es que ha surgido en una zona muy poblada, muy rica y alejada del mar. No ha ocurrido como con la del Teneguía, de 1971, que enseguida encontró el mar y no hizo mucho daño. Pero en esta ocasión, muy cerca de donde comenzó la erupción había casas», añadió esta experta que considera «un gran éxito» las medidas preventivas que se tomaron y que permitieron evacuar a la población. 

«Se pudo pronosticar la zona en la que comenzaría la erupción a corto plazo y no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia más allá de las pérdidas económicas y la desgracia de perder tu casa y tu trabajo».

«Se produjo todo un efecto en cascada que acabó afectando a las infraestructuras de muchas formas», señaló por su parte Marcos Borges, catedrático de la Escuela de Ingenieros Tecnun de la Universidad de Navarra, una de las sedes de la Cátedra de Catástrofes de la Fundación Aon España. «La infraestructura más afectada fue el transporte, pues hubo carreteras intransitables, vehículos abandonados, los suministros de alimentos resultaron afectados en su origen y porque no pudieron llegar a sus lugares de consumo. Hubo muchas calles bloqueadas y los médicos tuvieron problemas para llegar a los centros de salud y las ambulancias para transitar», resumió este experto.

Víctor Pérez Segura, investigador de la Cátedra de Catástrofes de la Fundación Aon España en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, comentó que los episodios climáticos extremos, el aumento de temperaturas, incluida la del mar, la desertificación y la subida del nivel del mar tendrán unas repercusiones sociales como condiciones de vida hostiles, impacto en la pesca, impacto en la agricultura y la ganadería y pérdida del territorio, respectivamente.