La DANA de Valencia 2024: El gran examen del sistema asegurador español

Introducción: Contexto y naturaleza de un riesgo histórico

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que golpeó a la Comunidad Valenciana a finales de octubre de 2024 ha trascendido la crónica meteorológica para consolidarse como el mayor siniestro por inundación jamás gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre, se desataron precipitaciones torrenciales que no solo desbordaron ríos y barrancos, sino que colapsaron las redes de drenaje y anegaron vastas áreas residenciales, industriales y agrícolas, afectando severamente al área metropolitana de Valencia y numerosas comarcas de la provincia.

El impacto humano, social y económico fue de una escala extraordinaria. Miles de viviendas quedaron inhabitables, flotas enteras de vehículos particulares y de empresa fueron destruidas, y la actividad económica se paralizó en polígonos y comercios, sumado a graves daños en infraestructuras críticas como carreteras y ferrocarriles.

Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, este evento ha puesto a prueba, como nunca antes, el modelo español de cobertura de riesgos extraordinarios. Las cifras hablan por sí solas: el CCS recibió más de 250.000 solicitudes de indemnización, concentrándose más del 95 % en la provincia de Valencia. A fecha de 24 de noviembre de 2025, más de un año después de la tragedia, el CCS ha registrado un total de 250.663 expedientes y ha abonado más de 4.000 millones de euros, con una estimación de coste final que ronda los 4.800 millones. En términos de volumen, se trata, sin duda, del mayor desembolso en los más de 70 años de historia de la institución.

El concepto de «riesgo extraordinario»: La llave del sistema

Para comprender la respuesta ante esta catástrofe, es fundamental entender la definición legal de «riesgo extraordinario». Según Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, el Consorcio indemniza los daños directos en personas y bienes —así como la pérdida de beneficios— cuando estos derivan de fenómenos naturales de carácter extraordinario (inundaciones, terremotos, embates de mar) o hechos de incidencia política y social que estén recogidos en el propio reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.

En el caso de la DANA de 2024, el factor determinante no fue únicamente la intensidad pluviométrica, sino la consecuente «inundación extraordinaria». Este concepto técnico abarca el anegamiento por desbordamiento de cauces naturales o artificiales y la escorrentía violenta en zonas urbanas.

La piedra angular de este sistema de protección es su carácter obligatorio y complementario. La cobertura no es opcional: un recargo a favor del CCS se incluye automáticamente en las primas de seguros privados (hogar, vida, autos, comercios, etc.), garantizando que la práctica totalidad de los bienes y personas asegurados frente a incidentes «ordinarios» esté también protegido ante estos eventos extremos.

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Mecanismos de gestión: El «Stress Test» operativo

La magnitud de la DANA de Valencia ha funcionado como la prueba de estrés más exigente para la maquinaria operativa del CCS. Su respuesta se ha articulado sobre una base normativa sólida, una gestión propia y, crucialmente, una colaboración intensiva con el sector privado.

Al tratarse de una inundación extraordinaria, la naturaleza del evento activa automáticamente la intervención del Consorcio. A diferencia de los siniestros comunes, en los que cada aseguradora tramita sus expedientes, aquí el CCS asume el control directo: registro, peritación, valoración y pago.

Aunque la experiencia previa en desastres, como la erupción de La Palma o diferentes inundaciones extraordinarias, sirvieron de base, la concentración geográfica de los daños en el densamente poblado entorno de Valencia planteó un desafío logístico sin precedentes.

El cuello de botella en cualquier catástrofe natural es la valoración del daño (peritación). Y a través del Procedimiento Operativo Especial se movilizaron cerca de 2.300 peritos tasadores adicionales dedicados exclusivamente a la DANA. La inmensa mayoría de estos expertos provenían de aseguradoras privadas y gabinetes periciales, activados gracias a los acuerdos de colaboración especiales con el CCS. Este despliegue fue vital para inspeccionar decenas de miles de activos en pocas semanas.

Por ello, el CCS estableció un conjunto de criterios periciales que se enmarcaron en el Procedimiento Operativo Especial de colaboración entre el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), UNESPA y las 38 entidades aseguradoras que se adhirieron al mismo, con el objetivo de garantizar una respuesta ágil y homogénea ante una situación excepcional.

Los criterios periciales establecidos por el CCS para la gestión de daños derivados de riesgos extraordinarios no son meras directrices técnicas, sino que reflejan una filosofía orientada a la protección del asegurado y la eficiencia operativa en situaciones de alta complejidad. La combinación de rigor técnico, flexibilidad frente a circunstancias excepcionales y la incorporación de herramientas digitales permite garantizar una respuesta rápida, justa y adaptada a la realidad del mercado. En definitiva, se trata de un modelo que prioriza la transparencia, la colaboración y la equidad, asegurando que la indemnización no solo compense el daño material, sino que también facilite la recuperación integral del asegurado en el menor tiempo posible.

Criterios de valoración de expedientes de autos utilizados en la DANA

Esta filosofía se aplica a todos los vehículos, con independencia de sus características, que tienen una póliza de seguro específicamente contratada, sobre la base de los siguientes principios:

Simplificación en la determinación de pérdida total

Uno de los principios fundamentales es la eficiencia en la gestión. Cuando la pérdida total del vehículo es evidente, basta con la documentación del triaje (fotografías representativas georreferenciadas) para confirmar la valoración, sin necesidad de inspección presencial ni de videoconferencia. Esta medida agiliza el proceso y evita demoras innecesarias.

Comunicación clara y segura con el asegurado

Se establece la obligación de contactar al asegurado mediante un SMS inmediato, informando sobre la asignación del expediente y el perito responsable. Además, se prohíbe solicitar datos bancarios por medios electrónicos, priorizando la seguridad y la protección de datos mediante entrega presencial o videoperitación. Este enfoque refuerza la confianza y la transparencia en la relación con el asegurado.

Uso de tecnologías y evidencias digitales

La filosofía pericial fomenta la videoperitación y la aceptación de fotos o vídeos del asegurado como prueba suficiente para determinar la pérdida total. Esta apuesta por la digitalización permite reducir tiempos y costes, manteniendo la fiabilidad del proceso.

Criterios de valoración económica

Para vehículos con seguro exclusivamente de responsabilidad civil se recomienda aplicar el valor venal del vehículo, corregido según el estado previo del vehículo e incrementado en un 20 %, sin incluir accesorios. En vehículos con garantías de daños propios se aplican las normas del contrato, respetando mejoras y exclusiones. Además, se fijan valores mínimos indemnizables para vehículos en funcionamiento con ITV en vigor: 750 € para turismos, 400 € para motocicletas y 150 € para ciclomotores. Estos mínimos garantizan una compensación justa, incluso en casos de vehículos de bajo valor.

Tratamiento de restos y ofertas

La filosofía busca evitar reducciones injustificadas en la indemnización. Si el asegurado acredita la reparación, no se descuentan restos. Para pérdidas totales se establecen reglas claras: no se descuentan restos en vehículos trasladados a campas municipales y en aquellos en los que el valor de mercado es inferior a 10.000 €; para valores entre 10.000 € y 30.000 €, se solicita una oferta; y por encima de 30.000 €, tres ofertas, aplicando la mayor. De forma excepcional, se acepta el valor ofertado por el desguace, salvo que sea desproporcionadamente bajo. Se prohíbe aplicar valores estimados sin soporte documental, garantizando transparencia y equidad.

Cobertura de garantías adicionales

Se reconoce la aplicación de garantías como vehículo de sustitución o inmovilización, siempre que estén contempladas en el contrato para riesgos ordinarios y se haya abonado el recargo correspondiente. Este criterio asegura la coherencia contractual y la protección integral del asegurado.

Criterios de valoración de expedientes distintos de autos

Estos criterios se aplican a viviendas, comunidades de propietarios, comercios, oficinas, industrias y obras civiles.

Principios de valoración y preexistencias

La filosofía subyacente parte de la necesidad de determinar el valor real de los bienes afectados, respetando la forma de valoración contratada en la póliza. Para viviendas, se aplica habitualmente el valor de reposición a nuevo, incluyendo el IVA cuando el asegurado no es sujeto pasivo. En el cálculo del valor de los bienes existentes en momento del siniestro del continente se emplean módulos de costes de ejecución material, generalmente utilizados en el sector de construcción, CYPE ajustados por tipología, zona y calidad, añadiendo gastos generales, beneficio industrial, honorarios y tasas, lo que permite alcanzar un valor de nuevo. En caso de pólizas a valor real, se introduce la depreciación según antigüedad y vida útil del bien (100 años para viviendas).

Inclusión de impuestos y gastos complementarios

Un principio esencial es la inclusión del IVA en las indemnizaciones cuando el asegurado no puede deducirlo, así como la consideración de gastos complementarios (demolición, limpieza, retirada de lodos) hasta un límite del 4 % de la suma asegurada total, tanto en pérdidas totales como parciales. Este enfoque busca cubrir no solo el daño directo, sino también los costes asociados a la recuperación del bien.

Flexibilidad frente al infraseguro

La filosofía pericial se orienta hacia la protección del asegurado, evitando penalizaciones desproporcionadas. Por ello, se deroga la regla proporcional en ciertos casos y se establece que no se aplicará la regla proporcional para daños inferiores a 10.000 € o insuficiencias de capital de hasta el 30 % en riesgos simples y 15 % en riesgos complejos. Esta medida refleja un criterio de equidad y proporcionalidad.

Adaptación a la realidad del mercado

Estos criterios reconocen la inflación esperada en los costes de reparación, incrementando en un 20 % los precios de referencia CYPE y los alquileres para inhabitabilidad. Asimismo, se prevé un anticipo sustancial sin necesidad de visita presencial, siempre que existan evidencias suficientes, lo que demuestra una filosofía de agilidad y confianza en la información disponible.

Innovación y simplificación en la gestión

Se fomenta el uso de videoperitación mediante plataformas, reduciendo tiempos y costes. Además, se aceptan declaraciones responsables del asegurado para valorar contenidos retirados sin soporte documental, aplicando el capital asegurado como referencia legal. Estas medidas evidencian una apuesta por la digitalización y simplificación administrativa, sin menoscabar la seguridad jurídica.

Cobertura integral y criterios específicos

La filosofía también se refleja en la amplitud de coberturas: desde pérdidas de beneficios por imposibilidad de acceso hasta riesgos geológicos, daños por robo durante la limpieza y compensación de capitales entre artículos de una misma situación de riesgo, incluso si la póliza no lo contempla. Se eliminan requisitos como contratos de alquiler para indemnizar inhabitabilidad y se reconoce la limpieza con medios propios, valorada a 12 €/hora.

Transparencia y coordinación

Finalmente, se promovió la coordinación entre peritos y entidades mediante reuniones periódicas y herramientas como el visor GIS, que permitieron identificar zonas y profesionales intervinientes. Todo ello refuerza la filosofía de colaboración y trazabilidad en la gestión.

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Magnitud y ritmo de las indemnizaciones: Un desembolso récord

La dimensión económica de la catástrofe marca un punto de inflexión en la historia del seguro en España. Tanto por volumen como por velocidad de pago, la gestión de esta DANA es ya un caso de estudio obligado.

Las cifras del pago

En marzo de 2025, apenas cuatro meses después del evento, el CCS ya había abonado más de 2.600 millones de euros. Para noviembre de 2025, el importe pagado ha superado los 4.000 millones de euros, con una tasa de resolución de expedientes del 98,3 %.

Es relevante destacar en el contexto financiero la capacidad del CCS de ayudar a la recuperación mediante el pago masivo de indemnizaciones de seguro.

Desglose sectorial: La radiografía del daño

La distribución de las indemnizaciones refleja la estructura económica y social de la zona afectada:

• Vehículos: Se han gestionado más de 140.000 reclamaciones, con un coste cercano a los 1.200 millones de euros y una indemnización media de 8.600–8.700 euros. La cobertura fue casi universal gracias a la inclusión del recargo en todas las pólizas de autos desde 2016.
• Vivienda: Más de 82.000 hogares han recibido indemnizaciones por un valor total cercano a los 1.100 millones. El alto nivel de aseguramiento en la Comunidad Valenciana, superior a la media nacional, ha sido determinante para el alto volumen de expedientes tramitados.
• Empresas y comercios: Unas 23.000 empresas han recibido pagos por un valor agregado superior a los 1.700 millones de euros. Este sector presenta los expedientes más complejos (lucro cesante, grandes daños estructurales), lo que explica que un año después aún existiera un volumen relevante de pagos pendientes de ajuste final.

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Radiografía territorial: La huella desigual del desastre

El análisis detallado de los datos municipales revela que la DANA no fue un golpe uniforme, sino un fenómeno altamente destructivo con tipologías muy concretas de municipios.

La «zona cero» metropolitana: Densidad y destrucción

El grueso del impacto se concentró en el área metropolitana de Valencia, donde la densidad urbana multiplicó exponencialmente los daños. Municipios como Paiporta, Catarroja, Algemesí, Aldaia y Alfafar conforman el epicentro de la tragedia.

• Paiporta: Se erige como el municipio más golpeado en número de expedientes, con 23.992 reclamaciones.
• Catarroja y Algemesí: Acumulan 22.578 y 20.387 solicitudes respectivamente.
• Tipología del daño: En estas localidades, el patrón es claro: miles de vehículos arrasados (a menudo más de la mitad del total de siniestros) y una afectación masiva en plantas bajas residenciales y comerciales. La alta densidad de población convirtió el desbordamiento de barrancos en una crisis habitacional de primer orden.

El corazón industrial golpeado

Más allá de las viviendas, la DANA atacó la arteria productiva de la provincia. Municipios con fuerte perfil industrial y logístico como Riba-roja de Túria, Beniparrell o Massanassa sufrieron daños críticos en sus polígonos.

• Unos 42 polígonos industriales sufrieron daños de intensidad alta o muy alta.
• Miles de naves industriales resultaron afectadas, comprometiendo la actividad de miles de empresas.

La vulnerabilidad rural y periurbana

Aunque con cifras absolutas menores, el impacto relativo en municipios rurales o periurbanos como Chiva, Godelleta o Montserrat fue muy importante. Aquí predominan los daños en viviendas unifamiliares y en infraestructuras agrarias vitales. La menor densidad de aseguramiento y la dispersión geográfica han hecho que la recuperación en estas zonas sea más lenta y dependiente de ayudas directas.

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Lecciones aprendidas y futuro del modelo asegurador

La DANA de Valencia no ha sido solo un gran siniestro; se ha convertido en un laboratorio de aprendizaje forzoso para la gestión de desastres en un contexto climático cambiante. El análisis de lo sucedido permite extraer conclusiones vitales para reforzar la resiliencia de la sociedad española ante futuros eventos.

La cultura aseguradora como escudo social

La primera gran lección es positiva: la alta penetración del seguro es una herramienta de protección social de primer orden. El hecho de que un elevado porcentaje de los hogares y comunidades de propietarios en la Comunidad Valenciana estuvieran asegurados (y por tanto cubiertos por el CCS) ha sido determinante para amortiguar el golpe. Sin esta cobertura, el impacto social habría sido enorme.

Sin embargo, la experiencia ha dejado deberes pendientes:

• Para las familias: Se ha evidenciado la necesidad de revisar periódicamente las pólizas para evitar situaciones de «infraseguro» que recorten las indemnizaciones finales.

• Para las empresas: Queda patente la urgencia de contratar coberturas adecuadas de «pérdida de beneficios», vitales para sobrevivir al parón de actividad tras el desastre.

Adaptación al nuevo contexto climático: Un nuevo mapa para un nuevo clima

Finalmente, la DANA deja claro que el riesgo de inundación en el Mediterráneo está mutando. Los patrones de lluvia son más explosivos, concentrados y difíciles de prever. La gestión aseguradora del futuro podría incentivar la prevención.

• Incentivos a la mitigación: Las franquicias tienen un papel importante incentivando la adopción de medidas preventivas que minoren los daños de los siniestros.

• Urbanismo consciente: Incentivar la reutilización de la información aseguradora para que todas las administraciones públicas la tengan en consideración a la hora de la toma de decisiones en la ordenación del territorio.