Editorial

El 29 de octubre de 2024 se produjo el evento catastrófico más grave de la historia reciente de nuestro país y, desde luego, el más importante en la historia del seguro español. En este número de la revista describiremos la respuesta que, desde esta institución, se ha dado a la catástrofe y cómo todos y cada uno de los actores del seguro: la regulación, las aseguradoras privadas y la pública (el Consorcio de Compensación de Seguros –CCS–), los mediadores, los peritos y otros prestatarios de servicios fundamentales, como el soporte informático, las líneas de atención al público u otras empresas de servicios, han desempeñado distintos papeles fundamentales de cara a la indemnización rápida y eficiente de los daños producidos por la DANA.

Desde el punto de vista de la regulación, rápidamente se adoptaron medidas como la no aplicación de la franquicia del 7 % para comercios e industrias cuya cifra de negocios anual fuese inferior a 6 millones de euros, o criterios que mejoraban el valor venal de las decenas de miles de vehículos afectados. Ambas medidas favorecen a las economías domésticas y a la pequeña y mediana empresa, tan afectadas por la inundación. En todo momento destaca el trabajo entre el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el CCS y el resto del sector asegurador, cuyo principal resultado fue, sin duda, el Procedimiento Operativo Especial (POE) que se firmó en el Ministerio el 13 de noviembre de 2024, y que ha acelerado muy significativamente la velocidad del proceso de indemnización. La comisión de seguimiento del POE sigue activa y ha demostrado la capacidad del seguro español, que en no pocos aspectos fundamentales se basa en la cooperación público-privada, para adaptarse rápidamente y sacar lo mejor de sí, actuando sinérgicamente incluso ante eventos de esta magnitud.

Los directivos de los principales agentes aseguradores implicados en la cobertura aseguradora de las inundaciones de la DANA de finales de octubre y primeros de noviembre de 2024 firman contribuciones en este número de la revista: la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle; el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti; el presidente del Consejo General de Mediadores, Javier Barberá; el presidente de APCAS, asociación profesional de los peritos tasadores, Francisco de la Puente; y la directora general del CCS, Flavia Rodríguez-Ponga.

El CCS enriquece el análisis con cuatro contribuciones más, como son la del director de Operaciones, Celedonio Villamayor; la de la Subdirección de Tasaciones, firmada por el subdirector Pablo López y su equipo; la de la subdirectora Técnica y de Reaseguro, Belén Soriano, que pone esta siniestralidad en su contexto histórico, y una última contribución desde la Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana del CCS, firmada por su delegado, Luis Delibes.

Posiblemente la conclusión más general que podemos extraer de esta catástrofe y de su gestión es que no hay ningún otro medio como el seguro para garantizar la rápida recuperación económica de los daños. España dispone de un mecanismo que facilita una cobertura prácticamente universal por un precio módico, prestando una cobertura que en otros países de nuestro entorno es facultativa y significativamente más costosa. Además, este mecanismo ha demostrado su solvencia financiera, incluso ante eventos de un coste completamente fuera de escala con respecto al historial previo, y que la cooperación público-privada genera un clima de confianza mutua que permite dar respuestas ágiles y flexibles. Otra conclusión confluye en las personas aseguradas y en todas las que las asesoran en el proceso de aseguramiento: es importante estar asegurado y tener las coberturas y los capitales adecuados en las pólizas para eventos de muy alto impacto.